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    “Nosotras le llamamos acompañamiento”: las dirigentas quechuas y aimaras del sur peruano y la interpretación ad hoc
    (Routledge, 2020-01-01)
    Este artículo analiza la interpretación ad hoc en un contexto de colonialidad multilingüe desde perspectivas sociolingüísticas y etnográficas. Se centra sobre la mediación lingüística-cultural que realizan rutinariamente dirigentas bilingües de Ayacucho y Puno para facilitar la comunicación entre miembros de sus comunidades (hablantes de quechua y aimara) y los/las funcionarios/as estatales (por lo general, hablantes monolingües de castellano). A diferencia de los/las traductores/as e intérpretes indígenas acreditados/as por el Estado peruano, estas mujeres no cuentan con formación en interpretación y cumplen sus funciones de manera voluntaria y sin remuneración. Para abordar de forma crítica el desempeño de estas intérpretes ad hoc, contextualizamos su labor en la coyuntura del Perú contemporáneo y, desde una perspectiva histórica, la relacionamos con la literatura especializada referente a la interpretación ad hoc. Mediante los testimonios de las dirigentas, que recopilamos en un trabajo de campo durante 2018, ilustramos los retos que enfrentan, así como sus logros y sus motivaciones. El análisis de los datos nos permitió examinar los vínculos entre la mediación lingüística-cultural y la autoidentificación étnica y comunitaria de las participantes, así como la manera en la que sus prácticas de mediación son percibidas por los actores estatales y los miembros de sus comunidades.
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    La salud mental en el Perú: progresos hacia la desinstitucionalización
    (Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ), 2024)
    En el 2012 se inició el proceso de reforma del sistema de salud mental en el Perú a partir del desarrollo de un nuevo marco legal que incorporó el modelo comunitario y el enfoque de derechos a los servicios de salud mental. Previo a ello, existían diversas deficiencias pertenecientes a un sistema de atención basado en el modelo psiquiátrico-hospitalario, modelo donde primaban dificultades como la centralización de los servicios en la capital, la insuficiencia de recursos humanos y prácticas que atentaban contra los derechos humanos de las personas institucionalizadas. El presente capítulo tiene el objetivo de caracterizar los hitos de la reforma peruana de salud mental, específicamente, aquellos de carácter normativo, presupuestal y estratégico. Asimismo, se discuten los avances de la reforma contrastando con el grado de cumplimiento de derechos humanos. Finalmente, se plantean las principales fortalezas y retos con el objetivo de ayudar a fortalecer los futuros pasos del proceso de reforma.
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    Salud mental y privaciones de libertad en Colombia: su entendimiento desde la norma y la jurisprudencia constitucional
    (Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ), 2024)
    En Colombia existen diversas normas y políticas públicas encaminadas a promocionar la salud mental como un asunto de vital importancia. Sin embargo, hay un escenario en la prestación de servicios que se mantiene en una zona gris a nivel jurídico y permite la eventual vulneración de derechos: la internación por motivos de salud mental. Esto se presenta en un momento histórico en el que a nivel internacional existen una serie de estándares en derechos humanos que modifican de manera trascendental la forma como se deben prestar estos servicios, partiendo de la necesidad de garantizar los derechos, voluntad y preferencias de las personas con discapacidad. Así mismo, el 26 de agosto de 2019 se sancionó la Ley n.º 1996 “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad” (Congreso de la República de Colombia, 2019) , que reconfiguró de manera radical la regulación sobre capacidad jurídica para personas con discapacidad en el país. El presente texto busca evidenciar la forma en que opera la internación por motivos de salud mental dentro del escenario de falta de regulación, regulación dispersa y una visión de la internación, primordialmente, como garantía del derecho a la salud por parte de la Corte Constitucional. Lo que genera importantes tensiones con estos estándares.
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    El sistema universal de derechos humanos y los retos que plantean las peores formas contemporáneas de esclavitud en el contexto de la COVID-19 y veinte años después del Protocolo de Palermo
    (Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ), 2022)
    Este documento tiene por objetivo analizar la forma en que se ha abordado la trata de personas en la legislación y la jurisprudencia 20 años después de la adopción del Protocolo de Palermo, así como evaluar el impacto de la pandemia de la COVID-19 en los esfuerzos mundiales para acabar con los delitos de esclavitud, trabajo forzoso y trata de personas.
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    Las obligaciones del Estado peruano en materia de derechos humanos frente a la trata de mujeres indígenas víctimas de explotación sexual en el Trapecio amazónico: acceso a la justicia y políticas públicas
    (Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ), 2023)
    Si bien el Estado peruano ha implementado cierta legislación y políticas públicas en materia de trata de personas, parece que el delito y, por ende, las violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres ticuna aún se encuentran vigentes. En otras palabras, no se puede decir que para el 2021 habrá un entorno seguro contra la trata de personas. Por tanto, para fortalecer los deberes de prevención, enjuiciamiento y protección es necesario incorporar los estándares jurisprudenciales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de violencia contra las mujeres y la protección de los pueblos indígenas, así como contrastar las políticas públicas realizadas con los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en materia de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Todo esto con el propósito de dar un efecto útil al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
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    La explotación y la trata laboral desde el contexto de la investigación participativa
    (Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ), 2023)
    Este estudio analiza la trata laboral y la explotación en el contexto rural de Andalucía, España. Se tiene como objetivo examinar categorías jurídicas complejas, como la trata de personas, o tipificaciones deficientes en el marco español, como la esclavitud (y sus formas contemporáneas) y el trabajo forzado. En la práctica, las tres son categorías relacionales que surgen en contextos de vulnerabilidad, desigualdad y explotación. A estos efectos, se parte del análisis interseccional con el uso de la investigación acción participativa (IAP). Las técnicas utilizadas para el recojo de información fueron: revisión bibliográfica y entrevistas semiestructuradas. Como resultado, se ha logrado realizar un acercamiento contextual de la explotación y la trata laboral en Andalucía, teniendo como referente el régimen complejo de enfrentamiento a la trata de personas.
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    Persecución penal del delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual durante la pandemia de la COVID-19
    (Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ), 2022)
    Tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y con posterioridad, se han sucedido una serie de medidas adoptadas como consecuencia de la pandemia mundial, tanto económicas como de seguridad ciudadana, que afectan a todos los sectores. La criminalidad organizada no para y los tratantes encuentran vías para aprovecharse de las circunstancias de especial vulnerabilidad. Se teme que la COVID-19 esté haciendo que la tarea de identificar y dar asistencia a las víctimas de la trata de personas sea aún más difícil. Las víctimas de trata están más expuestas a contraer el virus, los organismos están menos equipados para prevenirlo, y las víctimas tienen menos acceso a los servicios de apoyo y a la asistencia sanitaria. El ajuste de las prioridades por parte de los gobiernos durante la pandemia, los incrementos dramáticos en el desempleo y la reducción de ingresos, especialmente para salarios bajos, han supuesto que un número significativo de personas que ya eran vulnerables se encuentren en una situación aún más precaria. Resulta por ello necesario sentar las líneas básicas de este delito para, después, cuestionarnos qué efectos está teniendo sobre él la situación excepcional provocada por la COVID-19 en las víctimas y qué medidas podrían adoptarse para mejorar su situación, así como para evitar que la pandemia afecte la incriminación del delito y quede impune la actuación del crimen organizado. El efecto de la pandemia puede ser diverso: en el ámbito jurídico, procedimientos, inspecciones policiales y laborales, asistencia a las víctimas o, incluso, modus operandi de las organizaciones criminales pueden verse alterados a consecuencia de las medidas adoptadas por los gobiernos. La paralización de determinados servicios puede y ha podido repercutir en el delito. Cuestiones como ¿han aumentado los casos de trata de personas?, ¿se han paralizado actuaciones policiales y judiciales?, ¿han aprovechado las circunstancias los tratantes?, ¿las víctimas reciben el apoyo necesario?, ¿las ONG e instituciones han tenido problemas para llevar a cabo su labor?, ¿las consecuencias económicas de la pandemia van a afectar a la lucha contra la trata?, son solo algunas de las que se plantean en estos momentos.
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    Análisis de género de la responsabilidad de las empresas multinacionales por delitos de trata de personas
    (Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ), 2022)
    A pesar de la poca atención que ha recibido la experiencia de las mujeres y las niñas en la respuesta normativa a la responsabilidad de las empresas, este artículo trata de exponer la manera en que la regulación internacional y la regulación de la responsabilidad penal de empresas por delitos de trata, en España, podría dar respuesta a preguntas tan importantes y relevantes como la de cómo superar los obstáculos jurisdiccionales en los casos de vulneraciones de derechos por parte de empresas transnacionales.
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    Análisis de las víctimas de trata de personas a veinte años del Protocolo de Palermo: actuación estatal a la luz del enfoque de género y de derechos humanos
    (Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ), 2023)
    El presente trabajo tiene como objetivo principal poner en evidencia, desde un enfoque de derechos humanos y de género, el impacto que ha supuesto la incorporación del Protocolo de Palermo en la normativa interna contra la trata de personas, así como evidenciar la problemática que supone el tratamiento de las víctimas y el reto que representa para el Estado su protección y prevención de este delito. Frente a ello, en primer lugar, identificaremos y analizaremos la situación en la que actualmente se viene desarrollando el delito de la trata de personas; en segundo lugar, analizaremos la situación y tratamiento que se le da a las víctimas desde un enfoque de género y derechos humanos; en tercer lugar, revisaremos y analizaremos cuáles han sido las actuaciones del Estado peruano y de sus principales autoridades entre el 2013-2020; y, finalmente, identificaremos y plantearemos estrategias para una correcta política de prevención y sanción de los casos de trata de personas. Todo ello permitirá poner en relieve a los grupos etarios que se ven afectados directamente por este delito, como lo son las niñas, mujeres migrantes y personas trans, al ser grupos con un mayor índice de vulnerabilidad dentro de la sociedad peruana.
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    Personas mayores en situación de discapacidad y toma de decisiones en salud en Argentina. A propósito de un caso
    (Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ), 2026)
    El envejecimiento de la población en América Latina y el Caribe plantea desafíos en salud pública, derecho y bioética, especialmente por el aumento en los casos de demencia. El artículo analiza el proceso de toma de decisiones en salud para personas mayores con discapacidad, tomando como ejemplo el caso de una paciente de 86 años con demencia grave, cuya familia se niega a autorizar la amputación recomendada. El caso ilustra las tensiones existentes en las prácticas entre la autonomía del paciente y el “mejor interés” planteados por los médicos, y destaca la importancia del consentimiento informado y de la capacidad jurídica. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad promueve el modelo de apoyos para la toma de decisiones, y rechaza la sustitución de la voluntad (Palacios, 2008, p. 477). En Argentina, coexisten dos modelos normativos para la toma de decisiones en salud: i) el modelo de representación y ii) el modelo de apoyos. El caso pone de manifiesto la necesidad de alinear las prácticas médicas con los estándares internacionales de derechos humanos, priorizando la “mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias” cuando el paciente no puede dar su consentimiento. En conclusión, los profesionales de salud deben estar capacitados en derechos humanos y bioética para garantizar decisiones respetuosas con la autonomía, especialmente en contextos de discapacidad y envejecimiento. La educación médica debe incorporar estos estándares para promover una atención centrada en el paciente.